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POLICÍAS NO PUEDEN SEGUIR VIOLANDO LOS PROTOCOLOS Y ATENTANDO CONTRA LA VIDA DE LOS JÓVENES

Desde cualquier orilla política deben ser rechazados los más de 70 asesinatos que Organizaciones de Derechos Humanos han documentado en toda Colombia desde que inició el Paro Nacional. La vida no puede tener sesgo ideológico y debe ser rechazado cualquier crimen entre colombianos. Lo que también es cierto es que la violencia debe ser condenada y repudiada con más vehemencia cuando proviene de la Fuerza Pública que constitucionalmente está creada para defender a la ciudadanía y no para atacarla, cuya labor como funcionarios públicos se financia de los bolsillos de todos los colombianos.

Es absolutamente condenable que la juventud que hoy protagoniza este estallido social, siga siendo violentada al punto de ser incluso asesinada por agentes del Estado, miembros del Esmad, como ha ocurrido en ciudades como la nuestra en los últimos dos días en las localidades de Usme y Suba. La Secretaría de Gobierno ha dicho que es altamente probable que uniformados sean los responsables según los testimonios y los artefactos con los que fueron asesinados los jóvenes.

Esta espiral de violencia debe parar y los primeros que deben acatar los protocolos, convenciones y leyes relacionadas con la actuación frente a la protesta debe ser la Fuerza Pública, ellos como servidores públicos deben proteger la vida de los ciudadanos y de ninguna forma pueden usar sus armas para atentar contra nuestra integridad, vulnerar nuestros derechos y mucho menos acabar con nuestras vidas.

La sociedad no puede permitir ni avalar que los uniformados desacaten los protocolos internacionales y nacionales que tienen para intervenir de manera proporcional y racional, con enfoque de derechos. Ese desacato sería evidente en la forma como se habrían disparado las armas directamente contra el cuerpo de los ciudadanos, en el caso del joven de Suba, quien recibió un impacto letal en la cabeza a alta velocidad que sería producto de una aturdidora.

Lo anterior ha sido denunciado en los lugares de la protesta y está siendo investigado. La justicia ordinaria de manera expedita nos debería informar a todos los ciudadanos sobre las circunstancias en las que se configuraron estas muertes.

Como si fuera poco, resultaría muy grave para la democracia y el Estado Social de Derecho que la Policía desacate las instrucciones de las autoridades civiles, especialmente de las locales y departamentales.

Y lo más indignante de todo es que el Gobierno insiste en reformas policiales cosméticas que se limitan al cambio de color en el uniforme, que el Congreso no tiene voluntad para adelantar los cambios de fondo y que en Bogotá torpedean las iniciativas de Reforma por razones de mera vanidad política y mezquindad electoral.

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