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MASACRE DE 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020: MÁS DE UN AÑO DE IMPUNIDAD, REVICTIMIZACIÓN Y NO REPARACIÓN

La Comisión Accidental para el Seguimiento de los Casos de 9 y 10 de septiembre en 2020, coordinada por el Concejal Julián Rodríguez Sastoque, presentó a la ciudadanía el resultado de un informe riguroso y detallado realizado durante 6 meses donde lamentablemente se revela un panorama desolador de impunidad, restricción en el acceso a la información, revictimización y nulas garantías de no repetición con las víctimas de esas noches de terror que dejaron 10 personas muertas en Bogotá a manos de la Policía y 75 heridas.

El primer hallazgo del informe revela que a más de un año de los hechos no se ha dado ninguna condena contra los responsables, en los que se presume que uniformados de la Policía dispararon indiscriminadamente contra población civil. Un panorama evidente de impunidad o falta de esclarecimiento de estos casos de abuso policial.

A la fecha, la Fiscalía tiene registro de solo 8 noticias criminales que cursan por el delito de homicidio, de las cuales 7 se encuentran en juicio, lo cual contrasta con lo que ha trascendido en la opinión pública de juicio solo contra tres patrulleros. Los que ha hecho el ente de investigación es relacionar los procesos que se adelantan también por el asesinato de Javiér Ordóñez, es decir que presenta resultados de forma tendenciosa pues no responde con exactitud sobre los procesos por la muerte de los 10 ciudadanos en Bogotá durante las protestas.

Peor aún, sobre los 75 casos de personas heridas la Fiscalía reconoce que por el delito de lesiones personales y en los que se habrían usado armas de fuego en esas fechas solo 2 casos se encuentran en etapa de indagación.

Como si fuera poco, no se conoce ningún resultado en el esclarecimiento de la responsabilidad de mando, en lo referente a los 18 oficiales y suboficiales que el Concejal Rodríguez Sastoque denunció penalmente ante la propia Fiscalía, entre ellos dos coroneles que se hicieron presente en los CAI de Verbenal y La Gaitana en esas noches y que cuyo responsabilidad por acción u omisión debe esclarecerse.

Otro punto realmente alarmante del informe tiene que ver con la revictimización de las familias de las personas fallecidas en esas noches. La señora Nury Rojas, madre de Angie Paola Baquero, ha denunciado una actitud revictimizante e insensible por parte del abogado del Fondo de Defensa Técnica y Especializada para miembros de la Fuerza Pública, Jaime Augusto Castillo, defensor del patrullero Jorge Andrés Lasso, vinculado al proceso por la muerte de su hija.

Además, una de las víctimas relató a la Comisión que en la noche del 14 de diciembre del año 2020 un grupo de sus familiares fue hostigado en la calle por el uniformado al que por su nombre y características físicas ellos reconocen como el asesino de su familiar resultando en la imposición abusiva de un comparendo.

El Comandante de la Policía Metropolitana le reconoció, en respuesta a un derecho de petición, que NO ha tomado acciones dirigidas a impedir la revictimización por parte de uniformados contra familiares de las víctimas del 9 y 10 de septiembre, si bien se han tomado algunas medidas por disposición judicial o por derechos de petición de las victimas se evidencia que no hay un direccionamiento desde la cadena de mando para proteger a las víctimas frente a hostigamientos y amenazas.

Sobre la función actual de los policías investigados por estos hechos NO se ha concretado ninguna actuación dirigida al retiro discrecional de estos uniformados, ni siquiera de los tres patrulleros imputados. La propia Policía Metropolitana señala que siguen activos en la institución desempeñando funciones propias de integrante de patrulla en CAI.

Lo más aterrador es que los tres patrulleros imputados, no solo no han sido retirados, sino que además han recibido reconocimientos en forma de felicitaciones con posterioridad al 9 y 10 de septiembre de 2020. El Patrullero Lasso Valencia ha recibido dos de estos reconocimientos en enero y febrero de este año. Absolutamente revictimizante.

 

La Policía reconoce además que no se ha reparado a ningún ciudadano por los hechos del 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 argumentando que para realizar una reparación integral debe existir un fallo judicial expedido por la autoridad competente.

La institución no tiene la intención de reconocer la gravedad de estas violaciones a los Derechos Humanos ni de pedir perdón hasta tanto sea una obligación impuesta por orden judicial. Lo cual, en lugar de proteger el buen nombre de la institución, resulta revictimizante y deteriora aún más la confianza ciudadana en la Policía.

LA comisión concluyó, entonces, que después de un año y casi dos meses de los hechos, el Estado colombiano no ha garantizado los derechos de las víctimas del 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 a la Verdad, la Justicia, la Reparación Integral y las Garantías de No Repetición.

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