Proyectos Paz y DDHH

AMENAZAS A LIDERES SOCIALES EN BOGOTÁ: SIEMPRE EN RIESGO

 

La Personería Distrital presentó hace unos días un informe que reitera la gravedad de la situación de los líderes comunales y sociales en Bogotá. La información más reciente sugiere que durante lo corrido del año se han recibido formalmente 39 denuncias por parte de estos líderes donde exponen que su vida corre riesgo por el ejercicio de su liderazgo y representatividad de tantas comunidades y procesos organizativos locales, y que tales amenazas provienen -presuntamente- de actores armados ilegales que subsisten entre las comunidades, afectando y regulando su cotidianidad, comportamientos y actividades económicas.

 

Esta situación sistemática, que pone en evidencia la incapacidad del Estado por garantizar vida, integridad, libertad y seguridad personal de estos liderazgos, se concentra en localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Bosa, en cuyo territorio se han venido asentando de manera generacional los desplazados de la violencia, las víctimas del conflicto armado interno que finalmente se reconoció con la expedición de la Ley 1448 de 2011. Importante decir que este tipo de constreñimientos y vulneraciones a los derechos fundamentales tienden a incrementarse en medio de las coyunturas electorales, tal y como nos encontramos en estos momentos.

 

No es una situación menor, ni mucho menos hechos aislados a los que nos debamos acostumbrar. Tampoco es una situación exclusiva de Bogotá. Tanto organizaciones de la sociedad civil, como INDEPAZ, como la propia institucionalidad que representa la Defensoría del Pueblo, e incluso adicional a lo informado anualmente por la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, dan cuenta de la magnitud de la situación de riesgo y amenaza permanente.

 

La propia Defensoría del Pueblo indicó que en el primer trimestre del año han sido asesinados 52 líderes sociales residentes en departamentos como Arauca, Cauca, Norte de Santander y Putumayo, entre otros, y que se han venido incrementando desde 2020. Soy un convencido que esta situación es resultado -en gran medida- por la ausencia del compromiso político real del gobierno nacional de Duque para implementar los compromisos de Estado adquiridos con la firma del Acuerdo Final de Paz.

 

Ni la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Decreto Ley 154 de 2017), ni el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los territorios (Decreto 660 del 2018), el Programa Integral de Garantías para las mujeres lideresas y defensoras de Derechos Humanos (Resolución 845 de 2018), la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Decreto 2124 de 2017) han sido implementados a cabalidad y en consecuencia es poco lo que han podido avanzar desde los territorial y lo institucional en el desarrollo de las capacidades institucionales locales necesarias para la construcción de la paz y el postconflicto.

(Foto: Colprensa)

Valga decir que la tan cacareada Política Pública de Prevención de Violaciones a los Derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades anunciada por este gobierno (Decreto 1581 de 2017), a la que también le metieron un documento CONPES 4031 de 2021 (adicional al 3172 de 2002) tampoco ha dado los resultados esperados para garantizar el desarrollo de esta invaluable labor de liderazgo y representación en una democracia que subsiste ante los embates de los violentos.

 

Pero la situación no se queda ahí. La criminalización de la protesta social, el señalamiento a los defensores de DDHH y la estigmatización a los jóvenes tampoco cesa. Prueba de ellos es lo publicado recientemente por el Comité de Solidaridad con Presos Políticos- CSPP en una investigación que revisa tal situación entre 2019 y 2021: “El 35% de los judicializados fueron jóvenes, el 31% se desempeñaba en la defensa de comunidades y el ambiente, el 17% eran líderes comunitarios y otro 17% exguerrilleros. A nivel geográfico las áreas más afectadas por el fenómeno fueron Bogotá, en donde fueron judicializados el 18% de los defensores, Nariño (17 %) y Arauca (14 %).”

 

Este es el momento de rechazar la indolencia del Gobierno nacional ante todos estos hechos de inseguridad, el incremento de las acciones violentas en los territorios por parte de los actores armados ilegales, y especialmente que se honre en compromiso de llevar seguridad y oportunidades a los territorios más apartados, a las comunidades más vulnerables del país real. Los liderazgos sociales y comunitarios son la memoria, la voz, la resistencia y la esperanza de ampliar la democracia y de construir colectivamente un mejor país para las generaciones venideras. Los jóvenes en la política somos parte de la solución.